Al participar, los profesionales avalan la estafa al tiempo que ponen en duda su propio profesionalismo, admitiendo tácitamente:

* que están dispuestos a trabajar indignamente (gratis), y que por lo tanto su trabajo, su tiempo y sus ideas, no han de valer demasiado (entregan todo eso a cambio de nada),
* que aceptan trabajar sin programa, a ciegas, y sin la retroalimentación necesaria para dar un servicio de calidad y, por lo tanto,
* que su interés no es proveer un servicio de calidad, sino ganar el concurso para obtener prestigio profesional o trabajo.

Esta suerte de “inconciencia masoquista” no sólo se manifiesta en forma individual —al participar en concursos—, sino también colegiadamente: las asociaciones profesionales, los medios especializados y las casas de estudios, son los principales patrocinadores de los concursos entendiéndolos como verdaderos “logros” de la profesión y los reivindican como “derecho” de los profesionales y puertas de acceso a niveles superiores de la práctica.

Ese entusiasmo fervoroso resulta peligroso, porque los concursos públicos siempre son utilizados por las empresas privadas para bajar costos, y muchas veces por los gobiernos para legitimar ante la sociedad intervenciones conflictivas. En ese juego quedan implicados —en una complicidad casi siempre inconciente— tanto los concursantes como los miembros del jurado, y los entusiastas (o tuertos) patrocinadores.